La subsidiaria chilena del grupo OHLA entra en procedimiento concursal tras reconocer ante la justicia que no tiene liquidez para cubrir sus deudas, acumuladas con múltiples acreedores entre los que figura una empresa chilena que le reclama más de US$21 millones por incumplimientos contractuales en un proyecto minero. La junta de acreedores quedó fijada para el 11 de mayo en Santiago.
El 30° Juzgado Civil de Santiago dictó el pasado 27 de marzo la resolución de liquidación de OHL Industrial Chile S.A. (OHLI), filial de la constructora española OHLA -cotizada en bolsa y con presencia en más de una decena de países-, dando inicio formal a un proceso concursal que la propia compañía había solicitado el 20 de febrero de 2026 al amparo de la Ley N°20.720 sobre reorganización y liquidación de empresas.
En su presentación ante el tribunal, OHLI reconoció no contar con liquidez suficiente para hacer frente a sus obligaciones, reportando pasivos por $21.086 millones de pesos chilenos al cierre de 2025, acumulados como resultado de un deterioro financiero sostenido desde 2023, marcado por resultados negativos, endeudamiento creciente -principalmente con partes relacionadas del propio grupo- y el impago a proveedores y otros acreedores.
En la resolución, el tribunal designó como liquidadora titular a María Loreto Ried Undurraga y como suplente a Nelson Nicolás Machuca Casanovas, quienes asumirán la administración del proceso concursal.
El fallo también ordenó la acumulación de todos los juicios pendientes contra la empresa -tanto civiles como laborales- y dispuso que los acreedores cuenten con un plazo de 30 días desde la publicación de la resolución para presentar sus créditos. La junta de acreedores quedó fijada para el 11 de mayo de 2026 a las 12:00 horas en el tribunal ubicado en Huérfanos 1409, piso 19, Santiago.
La liquidación de OHLI se produce en un contexto en que el grupo OHLA mantiene una significativa presencia en Chile a través de su agencia local, con contratos vigentes en obras de infraestructura pública de envergadura. Entre ellos destacan la construcción de un tramo de la Línea 7 del Metro de Santiago -con inauguración prevista para 2028- y la reciente adjudicación de seis estaciones de esa misma línea, además de concesiones de largo plazo con el Ministerio de Obras Públicas como la Red de Hospitales del Biobío, vigente hasta 2040, y el Instituto Nacional del Cáncer, cuya concesión se extiende hasta 2045. A ello se suman contratos de construcción vial, ferroviaria y con Codelco, la principal empresa minera estatal de Chile.
Empresa chilena Syncore es el principal acreedor
Syncore Montajes figura como el principal acreedor individual en el proceso de liquidación de OHL Industrial Chile, con una deuda que supera los US$16 millones más intereses reconocidos —suma que asciende a más de US$21 millones—, conforme al laudo arbitral dictado en julio de 2025 por el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de Santiago.
Dicho fallo acogió la demanda por incumplimiento contractual que Syncore interpuso en 2022, derivada de su participación como subcontratista en un contrato EPC suscrito entre OHLI y Mantos Copper, y estableció una obligación de pago cierta y exigible a favor de la empresa chilena. La propia OHLI reconoció esta condición al solicitar su liquidación voluntaria en febrero de 2026, declarando ante el tribunal que Syncore era su principal acreedor y que la deuda representaba cerca del 90% de su pasivo total.
Desde Syncore han enfatizado que el fondo del conflicto ya quedó resuelto con el laudo arbitral, pese a los sucesivos intentos de OHLI por obstaculizar su cumplimiento. El más reciente fue un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, en el que la firma española argumentó indefensión por la vía de cobro utilizada, pero que el TC rechazó de plano, despejando el camino para la ejecución forzada de la sentencia.
Actualmente, OHLI mantiene un recurso de queja ante la Corte de Apelaciones de Santiago —su último recurso procesal vigente—, instancia que ya rechazó la orden de no innovar solicitada por la compañía, lo que permite que la ejecución del laudo continúe su curso en forma paralela mientras se resuelve dicha impugnación.
