Operadoras advierten que nuevas exigencias del marco aprobado por el MTC elevarían costos y retrasarían infraestructura clave como redes 4G y 5G.
El nuevo reglamento ambiental del sector telecomunicaciones continúa generando fricciones entre el sector privado y el Estado, en medio de advertencias sobre su impacto en la inversión y el despliegue de infraestructura digital en el país.
La norma, aprobada mediante el Decreto Supremo N.° 023-2024-MTC por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, establece un marco más estricto para la gestión ambiental de proyectos vinculados a conectividad. Sin embargo, gremios empresariales sostienen que su implementación podría ralentizar el crecimiento del sector.
Cuestionamientos del sector y falta de consensos
Desde la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, que agrupa a grandes operadoras regionales, se advierte que la regulación genera incertidumbre al no diferenciar adecuadamente el impacto ambiental de la infraestructura digital frente a otras industrias de mayor escala.
La organización señala que, pese a las reuniones sostenidas con el Ejecutivo, no se han logrado avances concretos en ajustes a la normativa. En ese contexto, representantes del sector, junto al Ministerio del Ambiente y gremios como AFIN y AmCham, tienen previsto retomar el diálogo técnico para destrabar el tema.
Mayores exigencias y presión sobre costos
El reglamento establece que los proyectos deberán contar con instrumentos de gestión ambiental aprobados antes de su ejecución, lo que implica la elaboración de estudios, declaraciones de impacto y procesos de evaluación más complejos.
Además, introduce cambios en los mecanismos de fiscalización, endurece sanciones y amplía los requisitos de participación ciudadana, lo que podría extender los plazos de ejecución.
Para las operadoras, estas exigencias se traducen en mayores costos administrativos y financieros, especialmente en zonas rurales donde el retorno de inversión es más limitado. También advierten que la obligación de trabajar con consultoras especializadas podría encarecer aún más el desarrollo de proyectos.
Brecha digital y presión por acelerar inversiones
El debate se da en un contexto donde la brecha de conectividad en el Perú sigue siendo significativa. Según datos del propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al cierre de 2023 el 45% de los hogares no contaba con acceso a internet fijo.
Asimismo, el país enfrenta un déficit importante en infraestructura: mientras se requerían más de 60.000 estaciones base celular para 2025, solo se habían instalado poco más de 27.000 hacia fines de 2023.
Cerrar esta brecha demandaría inversiones superiores a los S/12.000 millones en el corto plazo, cifra que podría escalar significativamente si se busca mejorar la calidad del servicio a nivel nacional.
Equilibrio entre sostenibilidad y conectividad
En este escenario, el principal desafío radica en encontrar un equilibrio entre la protección ambiental y la necesidad de acelerar el despliegue de infraestructura digital.
Mientras el Ejecutivo impulsa un marco más exigente en materia ambiental, el sector privado insiste en la necesidad de ajustes que permitan mantener la competitividad y garantizar el cierre de brechas de conectividad, especialmente en regiones con menor acceso a servicios digitales.
