En un entorno empresarial cada vez más fiscalizado y expuesto a riesgos reputacionales, conocer quién es el beneficiario final de una empresa se ha convertido en un elemento central para la toma de decisiones, los procesos de debida diligencia y el cumplimiento normativo.
En Perú, la normativa establece que el beneficiario final es la persona natural que posee o controla, directa o indirectamente, al menos el 10% del capital de una persona jurídica o que ejerce control efectivo sobre ella. Esta obligación, incorporada dentro de las disposiciones de la SUNAT, busca fortalecer la transparencia corporativa y prevenir delitos como el lavado de activos y la evasión fiscal.
La relevancia del tema no es menor. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha advertido que la opacidad en la titularidad real de las empresas es uno de los principales mecanismos utilizados para ocultar flujos financieros ilícitos. Según estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), entre el 2% y el 5% del PBI mundial podría estar vinculado a dinero de origen ilícito, muchas veces canalizado a través de estructuras societarias complejas.
En la práctica, identificar al beneficiario final no siempre es evidente. Las estructuras corporativas pueden incluir holdings, accionistas interpuestos o participaciones indirectas que dificultan conocer quién ejerce realmente el control o recibe los beneficios económicos. Tal como se explica en el análisis desarrollado por Sheriff en su blog especializado, el beneficiario final no necesariamente es quien figura en los documentos registrales, sino quien, directa o indirectamente, toma decisiones estratégicas o se beneficia económicamente de la empresa.
“El verdadero riesgo no está en lo que se ve en la ficha registral, sino en lo que no se ve. Las empresas se crean y cierran constantemente, pero lo que permanece es la persona o representante legal detrás de ellas.Y eso es lo que marca la diferencia entre una relación segura y un problema legal; al final del día, estamos evaluando la ‘hoja de vida’ de quien construye el negocio”, afirma Vicente Cruz, CEO de Sheriff.
El incumplimiento en la identificación o declaración del beneficiario final puede generar sanciones administrativas y contingencias tributarias. Pero más allá de las multas, el impacto puede ser reputacional. En un contexto donde inversionistas, bancos y grandes corporaciones refuerzan sus procesos de debida diligencia, la transparencia societaria se ha convertido en un criterio clave para cerrar acuerdos, acceder a financiamiento o participar en procesos de contratación.
Además, la exigencia de revelar al beneficiario final no es exclusiva del Perú. En los últimos años, distintos países han reforzado sus marcos regulatorios en línea con estándares internacionales para asegurar mayor claridad sobre quiénes son las personas naturales que controlan o se benefician de las empresas. Esta tendencia responde a una necesidad global de reducir la opacidad corporativa y fortalecer la confianza en los mercados.
“La transparencia ya no debe entenderse solo como una obligación legal, sino como parte de una cultura empresarial responsable. Cuando las compañías conocen su estructura real y verifican la de sus contrapartes, reducen significativamente su exposición a riesgos”, agrega Cruz.
En esa misma línea, especialistas coinciden en que comprender quién ejerce el control efectivo dentro de una estructura corporativa es clave para una adecuada gestión tributaria y de riesgos. “Comprender quién ejerce el control real dentro de una estructura corporativa es esencial para una adecuada gestión tributaria y de riesgos. La transparencia en la titularidad no solo reduce contingencias, sino que fortalece la confianza en el mercado”, finaliza Carlos Vargas, CEO de TPC Group.
