A pocas semanas de cumplirse el plazo para el pago de este beneficio, la especialista Carol Villalobos Morales, del estudio Miranda & Amado recomienda reforzar la revisión integral y anticipada de este proceso para asegurar el cumplimiento normativo y reducir riesgos de conflictos laborales.
A medida que se acerca el vencimiento del plazo para el pago de utilidades, las empresas del sector privado enfrentan una etapa clave para cumplir con esta obligación laboral. Este beneficio, aplicable a compañías con más de 20 trabajadores que generan rentas de tercera categoría, exige no sólo un cálculo correcto y un pago oportuno, sino también una gestión ordenada que permita evitar contingencias legales y laborales.
En este contexto, el riesgo de fiscalización por parte de SUNAFIL -ya sea a partir de denuncias presentadas por los trabajadores o mediante actuaciones de oficio- se mantiene vigente. Entre el año 2025 y lo que va del 2026, se han registrado 2,905 denuncias vinculadas a incumplimientos en el pago de utilidades, cifra que supera ampliamente las 1,814 inspecciones efectuadas durante el año 2024. Esta tendencia refleja tanto una mayor conciencia de los trabajadores sobre sus derechos laborales como el continuo interés de la autoridad por supervisar el cumplimiento de esta obligación por parte de los empleadores. Asimismo, el incumplimiento de dichas obligaciones puede ser calificado como infracción grave, con multas que oscilan entre S/ 8,635.00 y S/ 143,660.00, según el número de trabajadores afectados, además de la aplicación de intereses moratorios.
Frente a este escenario, Carol Villalobos Morales, asociada senior del área laboral de Miranda & Amado, advierte que la adopción de un enfoque preventivo resulta esencial para evitar contingencias laborales, señalando que “una revisión anticipada y exhaustiva del proceso de utilidades permite no solo cumplir con la normativa vigente, sino también reducir la probabilidad de reclamos y mitigar posibles contingencias derivadas de errores en el cálculo o en la gestión de la información”.
En esa línea, la especialista recomienda considerar los siguientes aspectos más relevantes del proceso con especial atención:
- Verificar si existe obligación, confirmando que la empresa cuente con más de 20 trabajadores y haya generado rentas de tercera categoría.
- Cumplir el plazo legal de pago, realizándolo dentro de los 30 días posteriores a la presentación de la declaración del impuesto a la renta.
- Asegurar correctamente el período de cálculo, considerando los días efectivamente laborados y los supuestos expresamente reconocidos por ley.
- Corroborar los beneficiarios del pago, incluyendo a los extrabajadores en el reparto proporcional que corresponda.
- Entregar oportunamente la liquidación de utilidades con el detalle de cálculo exigido por la normativa y dentro del plazo establecido.
- Contar con documentación adecuada y sustentatoria ante eventuales inspecciones laborales.
- Implementar canales de comunicación interna claros y accesibles para atender consultas o solicitudes del personal.
“Una gestión preventiva y ordenada del proceso de utilidades es determinante para evitar contingencias legales. Anticiparse a posibles observaciones, relacionadas con la revisión del cálculo, el cumplimiento de los plazos y una adecuada comunicación con los trabajadores permite reducir significativamente el riesgo de reclamos y sanciones, además de fortalecer la confianza y la relación laboral”, añade Carol Villalobos.
En definitiva, una adecuada planificación del pago de utilidades se convierte en una herramienta estratégica para las empresas, al favorecer el cumplimiento normativo, fortalecer la gestión laboral y consolidar un entorno de trabajo basado en la previsibilidad y el diálogo.
