Especialista advierte que acortar los plazos afectaría la viabilidad de proyectos, la recaudación regional y podría impulsar la minería ilegal.
En entrevista con Expreso, Jorge Soto, presidente del Capítulo de Ingeniería de Minas del Colegio de Ingenieros del Perú, advirtió que una eventual reducción en los plazos de concesiones mineras podría frenar inversiones clave y afectar el empleo en el país, en un contexto donde el sector representa cerca del 60% de las exportaciones nacionales.
El especialista señaló que el debate sobre concesiones debe abordarse con criterio técnico, especialmente ante decisiones políticas que podrían comprometer el desarrollo del sector. En esa línea, destacó que actualmente existe una cartera de proyectos mineros por más de US$63 mil millones, cuya ejecución depende de condiciones de estabilidad jurídica y plazos adecuados.
Relación directa entre concesiones e inversión
Soto explicó que la evolución del sector minero evidencia una relación directa entre el plazo de las concesiones y los niveles de inversión. Antes del año 2000, cuando las concesiones tenían una duración de hasta 8 años, la inversión minera no superaba los US$1,000 millones en cinco años.
Posteriormente, entre 2008 y 2017, cuando los plazos se ampliaron a 10 años, la inversión acumulada se elevó a cerca de US$50,000 millones, multiplicándose hasta 16 veces. Este cambio, según indicó, generó mayor confianza entre los inversionistas y permitió el desarrollo de proyectos de gran escala.
Riesgos de reducir los plazos de concesión
El especialista advirtió que reducir las concesiones de 30 a 15 años haría inviable el desarrollo de proyectos mineros, considerando que estos requieren al menos 25 años desde la fase de exploración hasta la explotación.
“Si reduces las concesiones a 15 años, los proyectos no llegan a desarrollarse completamente. Ningún inversionista va a comprometer capitales de entre US$500 millones y US$3,000 millones bajo esas condiciones”, sostuvo.
En ese escenario, el país podría retroceder a niveles de inversión similares a los previos al 2000, con montos inferiores a US$1,000 millones anuales.
Impacto en regiones y recaudación
El impacto no solo sería a nivel de inversión, sino también en las regiones. Soto recordó que en 2025 las transferencias por minería alcanzaron aproximadamente S/10,000 millones, recursos que podrían reducirse drásticamente si se frena la ejecución de nuevos proyectos.
Este escenario afectaría especialmente a regiones donde la minería representa entre el 70% y 90% de sus ingresos, comprometiendo su desarrollo económico y la ejecución de obras públicas.
Efectos sobre la pequeña minería y la formalización
El análisis también advierte impactos en la pequeña minería y la minería artesanal, que concentran cerca del 70% de las concesiones, equivalentes a unas 14 millones de hectáreas.
Reducir los plazos dificultaría la continuidad de estas operaciones, incluso para aquellos en proceso de formalización, lo que pondría en riesgo los avances de la Ley MAPE y podría frenar los esfuerzos por integrar a estos actores al sistema formal.
Mayor riesgo de minería ilegal
Uno de los principales riesgos identificados es el crecimiento de la minería ilegal. Según Soto, la reducción de concesiones dejaría áreas vulnerables a invasiones, incentivando actividades ilícitas que no cumplen con normas ambientales ni tributarias.
Esto generaría mayores pasivos ambientales y trasladaría costos al Estado, además de debilitar la institucionalidad en el sector.
Agenda técnica para el sector minero
En este contexto, el especialista subrayó la necesidad de que el debate sobre concesiones se base en criterios técnicos y en una visión de largo plazo que garantice la competitividad del país.
Asimismo, destacó que espacios como el Conamin 2026, que se realizará en Trujillo del 15 al 19 de junio, serán clave para discutir estos temas y plantear soluciones que permitan sostener el crecimiento del sector minero.
