Operativos conjuntos de Armada, Policía y AJAM buscan controlar extracción de oro ilegal en ríos del Madidi y frenar lavado de capitales transnacional.
La minería ilegal en Bolivia recibió un duro golpe tras los operativos realizados por la Armada Boliviana, la Policía y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) en ríos de la región norte del departamento de La Paz, cerca del Parque Nacional Madidi. En estas intervenciones se destruyeron 11 campamentos mineros ilegales, utilizados como centros logísticos para la extracción ilícita de oro, con un valor total estimado en US$ 12 millones.
Daños y maquinaria incautada
Solo en uno de los campamentos se inutilizó maquinaria y equipos, además de incautar oro por un total de US$ 10 millones. En los otros ocho campamentos se destruyeron equipos valuados en US$ 2 millones. Entre los bienes inutilizados se encuentran retroexcavadoras, volquetas, bombas de agua, generadores, motobombas y tambores de combustible. Asimismo, se aseguraron mercurio y bórax utilizados en la extracción aurífera, que fueron entregados a las autoridades competentes.
Minería ilegal como nodo transnacional
Para expertos en minería, como el abogado Jaime Cuéllar, estas operaciones evidencian que la minería ilegal en Bolivia dejó de ser un fenómeno local y se consolidó como un nodo estratégico de crimen transnacional. La explotación ilícita de oro, la circulación de mercurio y la integración parcial con cooperativas legales permiten legitimar capitales ilícitos, expandir influencia económica y debilitar la institucionalidad estatal.
Contexto de intervención y riesgos locales
Los operativos se llevaron a cabo los días 5 y 6 de marzo en los ríos Quendeque, Beni y Kaka, en la comunidad de Mayaya, zona donde la minería ilegal ha crecido en la última década y donde conviven ciudadanos extranjeros de China, Perú y Colombia. Durante la acción, el personal militar enfrentó emboscadas de algunos pobladores, aunque no se reportaron heridos graves.
Desafíos para la regulación y control
A pesar de estas acciones, la minería ilegal continúa expandiéndose sobre ríos, territorios indígenas y áreas protegidas, y la falta de un plan integral del gobierno limita la capacidad de control. El uso de mercurio en la extracción artesanal genera contaminación y riesgos para la salud de comunidades locales y ecosistemas amazónicos.
El caso evidencia la necesidad de operaciones más recurrentes y una fiscalización más efectiva para frenar la minería ilegal, proteger el medioambiente y combatir la legitimación de capitales ilícitos que sostiene estas actividades.
